Bandagro, un error muy grande.

Bandagro, un error muy grande.

Un dictamen redactado tres años atrás le costó a Marisol Plaza su permanencia en el poder. Con base en ese documento, dos empresas demandan hoy a la República por más de dos mil millones de dólares, como pago de las notas promisorías emitidas por el extinto Bandagro. Chávez lo supo y montó en cólera.
Jeanne G. Liendo P.
[04-05-2006] No tardaron en salir a flote las razones por las cuales, el 3 de abril pasado, fue removida intempestivamente la procuradora general de la República, Marisol Plaza; una funcionaria que había servido siete años al Gobierno Nacional.
Ella dice que le llegó su momento, pero cada vez hay menos dudas de que su salida de la PGR está vinculada a dos actuaciones que tuvieron lugar durante su gestión. Por una parte, considerar procedente el reclamo de los tenedores de Notas Promisorias supuestamente emitidas por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro); y, por la otra, rechazar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a las empresas petroleras mixtas –lo que habría desencadenado una fuerte confrontación con el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Ningún vocero oficial ha explicado a qué obedeció la remoción de Plaza de su cargo. Sin embargo, si se mide por el impacto que tendrían estas actuaciones de la ex procuradora, el caso Bandagro -a pesar de ser de vieja data- tiene mayor peso en la balanza: por sus implicaciones legales, políticas y financieras. Y es que están empezando a salir algunas decisiones aún no condenatorias, pero significativas, respecto las demandas en curso contra la República tanto en Estados Unidos (distrito Columbus, Ohio) como en Suiza (Juzgado de Mendrisio Sur).
Esto explicaría el remitido que publicó el Ministerio de Finanzas en un diario de circulación nacional el fin de semana pasado. Allí se reitera que las Notas Promisorias de Bandagro son falsas y, como dato novedoso, se refiere a una sentencia emanada de un tribunal italiano en el que confirma la culpabilidad de un poseedor de notas falsas. La publicación de este comunicado no es fortuita: otras versiones reveladas por fuentes del despacho de Finanzas señalan que hubo un nuevo intento en el exterior de cobrar los papeles y también se dice que el remitido se publicó para contrarrestar un artículo sobre el caso, reseñado en la prensa nacional unos días atrás.
Recordemos que el juzgado suizo ordenó en 2004 el embargo de todas las notas y, más recientemente, el pasado 9 de marzo, la Corte en Ohio se avocó a determinar el efecto del primer dictamen de Marisol Plaza. En este sentido, revisadas las evidencias se decidirá si el argumento de los demandantes es válido y procede el pago de las notas o si por el contrario, la tesis admitida es de los defensores, quienes aseguran que el primer dictamen carece de validez -según leyes venezolanas-, que hubo una segunda opinión y que el primero fue obtenido por vía fraudulenta.
Estos y otros aspectos del caso Bandagro ya traspasaron las paredes del Palacio de Miraflores y el presidente Chávez ha obtenido información de la situación de primera mano. Ha trascendido extraoficialmente que una carta suscrita por los abogados demandantes en Suiza habría llegado a la oficina de la Presidencia, con lo cual Chávez habría conocido a fondo del caso y también las consecuencias presentes y futuras que tuvo la actuacuación de la ex procuradora en este sentido.
Adicionalmente, fuentes vinculadas al caso en EEUU y consultadas, dicen también de manera extraoficial que el Jefe de Estado habría enviado a una comitiva para conocer del expediente que reposa en la corte estadounidense, pues desconfiaba del trabajo que están desempeñando los defensores de la República –que no son parte de un bufete de abogados que tendría ciertos vínculos amistosos con Marisol Plaza y con el ex ministro Tobías Nóbrega. Tanto en EEUU como en Venezuela ha trascendido que se trata del escritorio jurídico Ruden McClosky, una firma establecida en Miami, Florida.
Dictamen de la discordia
El peso del caso Bandagro en la remoción de Plaza tiene que ver con un dictamen emitido por su despacho el 3 de octubre de 2003 y que ha dado pie para que dos grupos de tenedores de los papeles del extinto banco (Skye Ventures en EEUU y Woodstrite Investment en Suiza) posean elementos para demandar a la República.
Dentro del Gobierno hay señalamientos más que directos a la gestión de la ex procuradora general de la República. Unos dicen que Plaza no sabía lo que aprobaba y otros señalan que sí, porque en la operación hay mucho dinero de por medio. Un abogado que conoce del caso y que pidió no ser identificado, expresó que “la ex procuradora armó todo para que la República fuese demanda por desconocimiento de causa o porque hay mucho dinero de por medio, nada más en los gastos de defensa”.
La decisión de la PGR de octubre de 2003 es la ratificación de un dictamen emanado de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, en agosto previo, en la que se consideraba procedente el reclamo hecho por la empresa panameña Triad FFC, para que se le reconociera el pago de las notas supuestamente emitidas por Bandagro en 1981 y que tienen un valor de mil 75 millones de dólares. La decisión abarcaba también a Woodstrite (con sede en las Islas Vírgenes Británicas), pues en la decisión de la PGR se reconocía que Triad FFC había cedido más del 20% a esta empresa. De allí, que Woodstrite haya adquirido el derecho de cobrar los polémicos papeles.
Vale recordar que en más de dos décadas que tiene este caso ninguna administración de la “cuarta” República reconoció la veracidad de esos títulos.
El 18 de noviembre de 2003, Plaza se negó a emitir una nueva opinión sobre el caso, solicitada por el entonces ministro Tobías Nóbrega. La Procuradora alegaba que su despacho ya había hecho un pronunciamiento y que los nuevos elementos encontrados por el Ministerio de Finanzas para declarar falsos los bonos implicaban el pronunciamiento del Ministerio Público, por tratarse de un hecho que revestía carácter penal.
Sorpresivamente, el 8 de diciembre de 2003, Plaza emitió un nuevo dictamen en el cual ratificaba esa nueva opinión del despacho de Finanzas y revocaba la decisión emitida el 3 de octubre. De esta forma, el caso quedaría enterrado y con él, cualquier intento de cobro que pretendían la empresa panameña, la estadounidense y Woodstrite por la posesión de unas supuestas notas promisorias de Bandagro.
Acto nulo, pero costoso
Sin embargo, con la revocatoria del primer dictamen de Plaza no murió el caso. Ese mismo mes, Woodstrite solicitó a la Sala Constitucional del TSJ un amparo para conseguir el pago por el valor de los papeles en sus manos: 270 millones, más multas e intereses. La sala no admitió el amparo y Woodstrite acudió a los tribunales suizos. Más adelante, siguió la demanda de Skye Ventures en Ohio, por otros 600 millones, incluyendo multas a intereses.
La razón por la que estas dos empresas, y también la panameña, insisten en el cobro de las obligaciones supuestamente contraídas por la República, es que el primer dictamen de la procuradora tiene carácter vinculante. A juzgar por la explicación de los expertos en materia jurídica, las implicaciones de la mencionada decisión están establecidas en el artículo 56 de la Ley de la PGR –invocado, por cierto, en varias cartas emitidas por la ex procuradora y relacionadas a este caso- y supone la obligación de cumplir con lo decidido: es decir, pagar la deuda. Esto es lo que lleva a los juristas a asegurar que, el segundo dictamen, el de diciembre, estaría viciado de nulidad.
Otros abogados, como el ex fiscal general Javier Elechiguerra tienen una opinión contraria y señalan que a pesar del carácter vinculante de la decisión de la Procuraduría, ésta puede revocar sus actos y la última decisión es la que tiene validez.
Entonces, surgen más preguntas: ¿se fraguaba una estafa contra la República? ¿Marisol Plaza estaba o no al tanto de ello? ¿Sorprendieron a la ex procuradora en su buena fe? ¿O quedó atrapada en su propia red? Cuando la Asamblea Nacional quiso investigar, el expediente fue “engavetado” y, además, ningún funcionario de Gobierno ha hablado oficialmente del caso. ¿Callan para otorgar?
De cualquier modo, los indicios apuntan a que la República está enredada y no dispone de suficientes armas para defenderse en el exterior, ni por lógica, ni por ley. Y este gran error de cálculo de Marisol Plaza -que parece haberle costado el puesto a pesar de la protección que le brindaba el fiscal Isaías Rodríguez- podría implicar un costo para la nación que supera los dos mil millones de dólares. Así que razones para removerla, había.
La cuota de Nóbrega
Si bien es cierto que la ex procuradora general de la República, Marisol Plaza, tiene un alto grado de responsabilidad en las consecuencias que ha desencadenado el caso Bandagro, especialmente en el exterior, también es verdad que el ex ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, lleva su parte en esto.
Durante su gestión tuvo lugar ese dictamen que reconocía como verdaderos los bonos, pese a que más adelante el despacho revocó esa decisión, no sin antes despedir al consultor jurídico que había emitido el primer dictamen. ¿Destituido por casualidad? ¿Quedó Nóbrega atrapado en su propia trampa?
Algún fallo contra la República por el caso Bandagro implicaría responsabilidad del ex ministro por los daños que sus actos ocasionaron a ésta. De cualquier modo, una investigación de esas actuaciones se sumaría a la ya iniciada por la Contraloría General de la República por el sobreprecio que hubo en la operación de compra-venta del edificio sede de Citibank y cuyo expediente está en manos de la Disip. En las averiguaciones podrían incluirse más adelante otras operaciones de compra irregular de inmuebles, como las del edificio Bilboa, en La Urbina; u operaciones de deuda, como la de Cedel o los pagarés del Banco Industrial de Venezuela, por ejemplo.