Dos tercios de las gobernaciones y la mitad de los Ministerios violan la ley cada vez que otorgan un contrato

Sólo 15% de los organismos gubernamentales presentan la relación de contratos. El 95% se otorgó sin licitación y por adjudicación directa. Según Otaiza, todas las alcaldías, dos tercios de las gobernaciones y la mitad de los ministerios violan la ley cada vez que otorgan un contrato.



La visita del ex director de la Disip, Eliécer Otaiza, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el miércoles pasado significó, quizás por primera vez, el reconocimiento oficial de un secreto a voces en la administración Chávez: el surgimiento de la “boliburguesía” producto de la corrupción.
Otaiza, quien hoy ocupa la Dirección del Sistema Nacional de Contrataciones (SNC) -ente adscrito al Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), encargado de velar por el cumplimiento de las normas anticorrupción- admitió sin tapujos que en estos últimos siete años muchas personas se han enriquecido y hecho negocios lucrativos usando la boina de los bolivarianos.
“Algunos son de la ultraderecha, yo los llamo ‘La Internacional del Machete’, unos son militares y otros son malandros camaradas que andan haciendo tremendo negocio en nombre de la revolución”, dijo Otaiza, quien acudió a la Asamblea para anunciar que fue comisionado por el presidente Chávez para iniciar la caza de los nuevos-ricos-chavistas y declarar la guerra sin cuartel a la corrupción.
El ex hombre fuerte de la Disip advirtió también que hay intereses en manipular la reforma a la Ley de Licitaciones para relajar los procedimientos de control y hacerle la vida más fácil a la corrupción. Al mismo tiempo señaló la existencia de “un grupito de gente que se ha hecho millonaria en este proceso revolucionario, andan con empresitas y ahora están interesados en controlar también la Ley Antimonopolio”.
Atrapado y sin salida
Sin embargo, el contexto en el que Otaiza deberá desenvolverse para luchar contra la corrupción no es el más propicio para augurar buenos resultados. En primer lugar porque tuvo que reconocer que el Milco no tiene un control informático eficiente de las empresas que contratan con el Estado y segundo, porque más del 80% de los entes públicos a nivel nacional, estadal y municipal, violan las normas anticorrupción previstas en la ley que rige la materia.
De acuerdo a un estudio efectuado por la organización no gubernamental “Transparencia Venezuela” y la Universidad Metropolitana, con datos aportados por el propio Sistema Nacional de Contrataciones, sólo 15% de los organismos, institutos autónomos y entes adscritos a la administración pública nacional, estadal y municipal, cumple con la obligación de presentar ante SNC, la relación periódica de todos los contratos suscritos.
La investigación reveló que de mil 182 dependencias públicas registradas en 2004 en el SNC, sólo 179 cumplieron con la obligación prevista en el artículo 28 de la Ley de Licitaciones de remitir al final de cada trimestre un sumario de las contrataciones realizadas e identificar “su tipo, fundamento legal, objeto, nombre de las empresas participantes, total de oferentes, procedimiento de adjudicataria y monto del contrato”. El estudio reflejó, además, que entre los entes que presentaron la información requerida por ley, 95% de los contratos reportados correspondió a adjudicación directa, mientras que sólo 2,3% se asignó por licitación selectiva y 2,3%, por licitación general. Así, las cifras indican que casi la totalidad de las contrataciones registradas del sector público durante 2004 se efectuaron mediante las excepciones legales que permiten obviar los procedimientos de licitación.
Según Otaiza, durante 2005 la situación no fue sustancialmente distinta y en lo que va de 2006, casi 100% de los municipios, la mitad de los ministerios y dos tercios de las gobernaciones siguen violando la ley. De 337 municipios, sólo seis cumplieron la obligación prevista en el artículo 24 de la Ley de Licitaciones, de reportar las contrataciones efectuadas al término del primer trimestre. De los 29 ministerios, sólo 15 han honrado dicha disposición y de las 23 gobernaciones apenas siete lo han hecho.
La Asamblea no ayuda
Por lo que respecta al Parlamento, si la investigación pública y abierta del Central Azucarero Ezequiel Zamora (Caaez) transmitió la ilusión de un compromiso decidido para luchar contra la corrupción, la culminación entre gallos y medianoche del informe Fogade (que declaró la responsabilidad política del ex presidente de la institución Jesús Caldera Infante y ocho ex funcionarios más) derribó cualquier certeza al respecto y dejó en evidencia el precario avance que aqueja al resto de los casos e investigaciones que reposan en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Para muestra un botón: Mercal. Desde mediados de 2005 vienen denunciándose irregularidades y casos de corrupción en el programa alimentario bandera del Gobierno Nacional: desvío, acaparamiento, reventa y desaparición de productos en estados como Lara, donde se detectó una estafa por el orden de los dos mil millones de bolívares que fue denunciada por un legislador regional.
Además la policía de Zulia incautó en noviembre del año pasado nueve toneladas de carne argentina en estado de descomposición empacada y lista para su distribución con el sello de Mercal. Poco después, en enero, fue destituido el coordinador del programa en Bolívar, Jaime Gutiérrez, luego de reiteradas denuncias de acaparamiento y, en febrero un empleado de Mercal fue suspendido y dos cómplices carniceros por el robo de 10 toneladas de pollo y carne en Táchira.
En Carabobo, también fue destituido el coordinador regional del programa y se inició en abril una auditoría para determinar el tamaño de la corrupción. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2006 cuando el diputado José Ernesto Rodríguez denunció el acaparamiento y desvío de productos alimenticios en su estado, Portuguesa que la AN decidió iniciar una averiguación.
Pero el asunto no ha pasado de allí. Pese a la contundencia de las evidencias, la existencia de 101 denuncias en Fiscalía, la detención hasta ahora de 24 personas y la gravedad de una situación que llevó incluso a la salida del ministro de Alimentación, el general (D/V) Rafael José Oropeza, el Departamento de Sustanciación de la Comisión de Contraloría todavía se encuentra estudiando el caso para determinar si hay méritos para iniciar una investigación formal.
Al diputado Porfirio Hernández se le negó en una oportunidad la información acerca del número de mercales que existen en la actualidad. La directora de Desarrollo Social del programa, Nancy Jiménez, se comprometió a darle la información pero todavía no le ha cumplido. No obstante, el presidente de la entidad, Félix Osorio, concedió el pasado miércoles esos datos a la prensa.
Fondafa en el olvido
Aunque el caso Mercal no ha ameritado hasta ahora para la Asamblea una investigación formal y permanece en la sombra, los hechos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Agrícola, Forestal y Agropecuario (Fondafa) no han corrido mejor suerte y se mantienen en la más recóndita penumbra.
Las irregularidades que llevaron al vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Eustoquio Contreras (MEP/ Guárico), a decir que la magnitud de la estafa, cuyo monto superaría los 140 mil millones de bolívares, convertía al Caaez en un niño de pecho a su lado, comenzaron a ser investigadas por el Parlamento en febrero de 2006. Esto a partir de que un grupo de agricultores de Zaraza denunció ante el Poder Legislativo los vicios en el otorgamiento de créditos por parte de la institución.
Sólo en Zaraza se produjo un desfalco de 44 mil millones de bolívares que fueron otorgados a cuatro cooperativas fantasmas. La propia jefa de la oficina local del Ministerio de Agricultura y Tierras, Sonia Ramírez, reconoció que personas de la zona vendían la copia de su cédula por cinco millones de bolívares para que otros la utilizaran en la solicitud de créditos.
La funcionaria también admitió la existencia de arrendamientos pasivos, propiedades rurales alquiladas hasta 50 veces, cuyos inquilinos solicitaban préstamos a Fondafa. De esta manera, la “siembra sobre el papel” en esta población guariqueña superó el espacio real de superficie cultivable: mientras en Zaraza existen 31 mil hectáreas de tierras útiles, se otorgaron créditos para explotar 51 mil hectáreas.
Todas o al menos buena parte de las irregularidades se derivan de las empresas de asistencia técnica al productor (EAP), figura implementada por Fondafa para delegar en terceros la evaluación técnica de los solicitantes y la adjudicación de los empréstitos. En la Comisión de Contraloría de la AN reposa un informe de la Gerencia de Supervisión Crediticia del organismo, elaborado en septiembre de 2005, en el cual se documentan varias de las irregularidades cometidas por las EAP.
Sobre una muestra de 870 financiamientos, que permitió evaluar el desempeño de 29 EAP, se detectó que una sola empresa otorgó 206 empréstitos por un monto de 12 mil 200 millones. Todos estos créditos fueron avalados por la oficina central de Caracas y concluyeron con la aprobación de los desembolsos, pese a que la evaluación posterior determinó que las solicitudes eran inviables. Incluso, la directora y el tesorero de la referida EAP figuran como beneficiarios de créditos.
Denuncias similares comenzaron a presentarse en otros estados. A comienzos de abril, el diputado Julio Moreno, presidente de la subcomisión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, anunció una gira por los estados Portuguesa, Cojedes, Zulia y Trujillo en la que evaluaría los reclamos contra Fondafa.
Al término de la misma, la delegación parlamentaria encabezada por Moreno concluyó que en diversas regiones del país las empresas de asistencia técnica al productor y funcionarios de Fondafa aplicaban prácticas similares para desfalcar a la Nación. De inmediato, se anunció una nueva gira del 6 al 8 de abril, por Sucre, Anzoátegui, Monagas y Bolívar, para continuar las averiguaciones.
En Anzoátegui, Eustoquio Contreras llegó a señalar que “la corrupción es ya un problema de Estado”. En Cojedes, se encontraron cuatro galpones repletos de maquinaria agrícola abandonada desde 2004, cuyo valor supera los mil millones de bolívares. En la inefable Barinas, el Frente Ezequiel Zamora denunció “irregularidades y estafas en Fondafa por el orden de los 13 mil millones de bolívares”. En la actualidad, han sido presentadas ante la Fiscalía más de 242 denuncias de corrupción relacionadas con el organismo crediticio.
Hoy por hoy, la investigación está virtualmente paralizada. A estas alturas el diputado Moreno señala la inminencia de una nueva gira de experticias por Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Barinas, Aragua, Carabobo, Vargas y Miranda, pero en el cronograma oficial de actividades de la Comisión de Contraloría para lo que resta del primer semestre del año no figura ni por equivocación ninguna actuación relacionada con el caso.
Los guisos en Fondur
Sobre la ola del Caeez y la ilusión generada de una lucha frontal contra la corrupción, el diputado José Ernesto Rodríguez (MVR/Portuguesa), miembro de la Comisión de Contraloría, se atrevió a promover en marzo de 2006 la reapertura de una investigación en torno a las graves irregularidades denunciadas desde 2004 en la adjudicación de viviendas.
En el caso de Portuguesa, Rodríguez denunció desde el cobro por la inscripción de solicitantes en los censos de potenciales beneficiarios, hasta la venta de adjudicaciones, la connivencia de funcionarios de Fondur con estafadores y la delegación arbitraria e ilegal de las facultades de la institución para la evaluación de solicitudes, inscripción de aspirantes a vivienda y el otorgamiento de unidades habitacionales en terceras personas.
Ante la gravedad de las denuncias de la comunidad, Rodríguez logró que en julio de 2004 el entonces presidente de Fondur, José Vicente Rodríguez, enviara a Portuguesa al jefe nacional de adjudicaciones de la entidad, Elier Maldonado, junto a un equipo de abogados.
Para sorpresa del parlamentario, los integrantes de la comisión fueron identificados por los mismos afectados como cómplices de los estafadores que pedían dinero a cambio de las adjudicaciones. Y pese a que en dicha jornada se presentaron más de 200 denuncias, ninguna de ellas llegó a la sede de Fondur en Caracas.
Luego, el diputado Rodríguez envió una carta al entonces ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, planteándole la situación, pero la misiva nunca fue contestada. A través de su asistente solicitó una audiencia que tampoco le fue concedida. Elier Maldonado, por su parte, fue denunciado y acusado de pedir dinero para agilizar trámites por Anabel Sayín Rodríguez, la líder de una organización civil de vivienda (OCV) en quien Fondur delegó la elaboración de censos y la adjudicación de casas.
En marzo de este año cuando Rodríguez intentó reanudar el caso, coincidió en Portuguesa con el actual presidente de Fondur, Julio Portales, quien lo primero que le dijo al parlamentario fue: “Vamos a negociar”.
Casos similares de cobros indebidos, estafas y entrega a terceros de viviendas previamente asignadas a otros beneficiarios existen en casi todos los estados del país. Incluso, el ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, junto al presidente de Fondur, enfrentan acciones legales por incumplimiento de contratos emprendidas por familias que se sienten burladas en las promesas de compra-venta en Ciudad Miranda.
Desde la Asamblea, sin embargo, las acciones brillan por su ausencia. Ante el letargo de la investigación, el presidente de la subcomisión a cargo del caso, Julio Moreno, señala que la próxima diligencia será la interpelación de dos contratistas a quienes se acusa por la mala calidad de dos desarrollos habitacionales ejecutados en Trujillo. Sólo después que se agoten estas actividades se pensará en llamar al presidente de Fondur.
Esa especie de estado de coma de la Asamblea deja un sabor amargo en cuanto al compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción. Para justificar el bajo rendimiento del Legislativo, el diputado Julio Moreno recuerda que en la Comisión de Contraloría hay apenas 15 diputados y que sólo tres miembros integran cada una de las cinco instancias que la componen. “No nos damos abasto ni podemos avanzar con la rapidez que quisiéramos”, dice.
De allí que se mantenga intacta y sin esperanzas de resolución la lista de 433 casos de corrupción que presentó Pedro Carreño cuando la comisión que preside navegaba aún sobre la ola de popularidad del Caaez.
Un saludo a la bandera
Menos del 0,02% de las declaraciones de patrimonio presentadas por los funcionarios de la administración pública durante el año 2004 fueron sometidas a verificación rigurosa de su contenido por parte de la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo al informe anual de la propia institución.
Así lo revela un estudio de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, efectuado con cifras de la Contraloría, según las cuales durante 2004 se presentaron sólo 19 mil 72 declaraciones de patrimonio por parte de funcionarios estatales, tal como lo ordenan las leyes de Contraloría, Contra la Corrupción y el Estatuto de la Función Pública.
Conforme a la investigación, de las 19 mil 72 declaraciones de patrimonio presentadas, la Contraloría sólo requirió aclaratorias en 669 casos y a duras penas verificó la documentación en cuatro de ellos, según dijo la penalista Carmen Alguindigue, profesora de la Universidad Metropolitana e integrante del equipo investigador.
Tal cifra representa 0,02% del total y su revisión fue producto de solicitudes planteadas por fiscales, indicó Alguindigue.
El estudio también reflejó que en el 65% de los casos evaluados por la Contraloría no se presentó las debidas declaraciones de patrimonio. Además se constató que pese a prohibiciones legales expresas, el TSJ, el MRE, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Presidencia de la República, entre otros entes, cancelaron prestaciones sociales a funcionarios que pasaron a retiro sin presentar sus declaraciones de bienes.
La investigación detectó, además, que no ha sido creado el Registro Nacional de Funcionarios Públicos como lo ordena el artículo 9 del Estatuto de la Función Pública. Tampoco hay normas para regular mediante declaraciones los conflictos de intereses de los empleados públicos como lo prevé la Comisión Interamericana contra la Corrupción (Cicc).
Si bien el Informe de la Contraloría correspondiente al 2005 reseña un incremento notable en el número de declaraciones juradas de patrimonio recibidas (93 mil 109 en total) por parte de funcionarios activos y cesantes de la administración, durante el año pasado se desconoce cuántas fueron revisadas.